Fracking en Argentina

 

A comienzos de la década de 2010, un informe de la Administración de Información Energética de Estados Unidos ubicó al yacimiento de Vaca Muerta en el ranking global de reservas de shale oil y shale gas (petróleo y gas de esquisto).

Ubicada en la Patagonia argentina, la explotación de Vaca Muerta tiene más de 35 proyectos de explotación mediante fractura hidráulica o fracking, sin embargo, tiene un impacto profundamente negativo en cuanto a los derechos y a la salud de quienes habitan el territorio, de los empleados que trabajan en la extracción de los hidrocarburos y de la sociedad en general por los daños que genera en el ambiente. Además, este tipo de explotación de los hidrocarburos implica mayores costos, riesgos y daños que la explotación de los hidrocarburos convencionales y representa un ataque directo a la democracia en el país, ya que se criminaliza la resistencia al proyecto y se dificulta el acceso a la información.

Agravios contra la población

Vaca Muerta se ubica en su mayoría en territorio indígena mapuche. Sin embargo, el Estado se ha dedicado a negar la identidad y existencia del pueblo mapuche para deslegitimar su reclamo a las tierras que ancestralmente le pertenecen. En esta misma línea, se utiliza el derecho penal y hasta la violencia estatal (con el envío de tropas federales a los territorios, por ejemplo) para estigmatizar a quienes lideran esas comunidades, imputándoles cargos por “usurpación de tierras” y “terrorismo”, entre otros crímenes sin sustento, y así debilitar la resistencia.

Sumado a la criminalización y violencia de Estado, con el fin de abaratar los costos de producción, el gobierno federal y los gobiernos provinciales, en conjunción con las empresas operadoras, lograron modificar el convenio colectivo de trabajo y, de este modo, permitir una fuerte flexibilización laboral y la relajación de las condiciones de seguridad produciéndose cientos de accidentes, que entre 2018 y 2019 han provocado la muerte de ocho trabajadores.

Destrucción del ambiente

En las provincias de Neuquén, Mendoza y Río Negro, donde se encuentra el yacimiento de Vaca Muerta, la explotación de los hidrocarburos se realiza con una desprotección casi absoluta del ambiente. Los permisos ambientales se conceden mediante trámites de evaluación de impactos ambientales que son una mera formalidad, dado que no se evalúan los principales riesgos y los daños que provoca, es decir, no existe ningún estudio general de los impactos del proyecto. En las evaluaciones aisladas de cada pozo, por ejemplo, no se tiene en cuenta la incidencia de éstos en la actividad sísmica, ni los efectos del agua cargada en el subsuelo, y tampoco se consideran las grandes emisiones de gases. En Mendoza, se autorizó el uso del fracking sin realizar evaluación de impacto ambiental, lo que motivó el inicio de diversos juicios e incluso una denuncia penal contra el gobernador, la cual se encuentra en proceso.

Aunque las empresas aseguran que estos residuos son manejados de manera adecuada, no existe la capacidad instalada para tratar todo lo que se genera y tampoco está claro cuál es el proceso de tratamiento, lo que ha provocado denuncias de vertido de estos residuos en el suelo o en pozos en desuso, que luego se sellan y abandonan. Hasta ahora, se han producido diversos derrames, como en el área Bandurria Sur, donde a fines de 2018 durante la perforación de un pozo ocurrió una surgencia descontrolada por aproximadamente 12 horas, que afectó cientos de hectáreas, inutilizando el área que servía para pastoreo. A la fecha, se desconoce el efecto que este derrame ha tenido sobre las napas de agua y los cauces cercanos.

Embate contra la democracia

El debilitamiento de la democracia promovido con el fin de que Vaca Muerta pueda avanzar, un ejemplo de ello es la mencionada criminalización de la protesta, en defensa del territorio. Sin embargo, el embate contra las instituciones y prácticas democráticas no termina allí; en varios casos en los que la ciudadanía ha iniciado procesos judiciales exigiendo la protección del ambiente, el poder ejecutivo provincial ha interferido en la labor de los jueces, como sucede en Mendoza, donde se ha llegado hasta la máxima instancia judicial sin resultados positivos en un caso de la mayor arbitrariedad: autorizar fractura hidráulica sin evaluación de impactos. Por otro lado, frente a las normas comunales de municipios que se declaran libres de fracking, el gobierno provincial y las empresas han impedido su aplicación mediante juicios en los que atacan su validez y consiguen su derogación.

Esta debilitación de la democracia se consolida con la obstaculización del acceso a la información. En la provincia de Neuquén incluso se estableció que para acceder a la información vinculada a hidrocarburos es necesario pagar aranceles. El Congreso Nacional, por su parte, a instancias del gobierno, creó una excepción inédita en el mundo en cuanto al derecho a la información: según esta ley, la información de las sociedades anónimas que cotizan en bolsa es secreta, de tal manera que las acciones de YPF y de las otras empresas que invierten en Vaca Muerta están protegidas del escrutinio público.

Crítica y Resistencia

El megaproyecto de Vaca Muerta ha suscitado críticas principalmente en dos sectores. 

El primer sector, constituido por grupos de vecinos, productores rurales o comunidades mapuche directamente afectados, ha desarrollado distintas estrategias que van desde la movilización y el bloqueo de calles, hasta las acciones judiciales y la redacción de normativas para impedir el avance del fracking.

El segundo sector corresponde a una franja más extendida de la población, cuya demanda se focaliza en la crítica a la extranjerización de las empresas hidrocarburíferas, y cuya oposición se ha articulado de una manera menos frontal que la de los directamente afectados. Hasta la fecha, se han conseguido algunas victorias locales, como el retiro de las plantas de tratamiento de residuos petroleros de las ciudades. Sin embargo, las iniciativas estatales a favor del megaproyecto y las campañas de deslegitimación y criminalización de sus críticos no se han logrado desarticular.

Conclusión 

El gobierno federal presenta el proyecto de Vaca Muerta como una oportunidad para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al considerar la generación de energía mediante gas como una alternativa de transición al uso de carbón. Sin embargo, por un lado, esta postura oculta y niega que la práctica de la fractura hidráulica produce emisión de gases y, por otro lado, es falsa: más allá de los debates sobre el gas como una energía válida de transición, en la actualidad el desarrollo de Vaca Muerta se está orientando a la explotación de petróleo en contra de toda política o acción encaminada a la reducción de emisiones.

Recientemente han comenzado a aparecer cuestionamientos internacionales, contrariamente a las expectativas gubernamentales, en las Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de Argentina de 2018, realizadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, se advierte sobre la afectación climática que implicaría el desarrollo del proyecto: “La explotación total, con la fracturación hidráulica, de todas las reservas de gas de esquisto (de Vaca Muerta) consumiría un porcentaje significativo del presupuesto mundial de carbono para alcanzar el objetivo de un calentamiento de 1.5 grados Celsius”. Sobre esa base, el organismo recomendó al Estado argentino “reconsiderar” la explotación de hidrocarburos no convencionales.

Asimismo, han aparecido críticas desde el sector financiero que comienza a poner en duda la viabilidad del megaproyecto, mientras que las dudas sobre la rentabilidad misma del fracking han ido ganando terreno en Estados Unidos. El Instituto de Economías Energéticas y Análisis Financiero, por ejemplo, concluye que “es poco probable que el plan para Vaca Muerta prospere”.

Si bien son empresas de origen nacional, como la compañía estatal YPF, las que han realizado las mayores inversiones en Vaca Muerta, también hay compañías de origen estadounidense o europeo que están invirtiendo en el megaproyecto. Pese a las críticas, e incluso moratorias o prohibiciones al fracking en sus propios países de origen, estas compañías operan sin mayores problemas en Argentina, como es el caso de BP, Total, o Wintershall, que ha mostrado un interés manifiesto en el yacimiento de hidrocarburos no convencionales.

Empresas extranjeras, provenientes de países en los que se cuestiona el fracking con vehemencia o donde incluso está prohibido, se asocian con gobiernos provinciales y empresas nacionales y se instalan en la Patagonia argentina sin ningún resguardo de ética empresarial. La situación deviene una bomba de tiempo, con autoridades que ocultan y niegan los impactos de esta práctica de explotación, flexibilizando los requisitos y controles, con el afán de obtener ingresos inmediatos. Este exacerbado extractivismo puede significar la destrucción de grandes extensiones de la Patagonia, con sus poblaciones incluidas, al tiempo que consume una parte significativa del presupuesto global de carbono.