¿Y el resto del mundo?

 

Los yacimientos de gas no convencional están distribuidos a lo largo del planeta con un carácter novedoso: abundan en países históricamente más pobres en hidrocarburos (Baccheta, 2012). Mientras en la geopolítica del gas convencional y de la (in)dependencia energética, Rusia, Irán, Qatar y Arabia Saudita concentran más del 50% de las reservas mundiales, en la geopolítica del gas no convencional encabezan la lista la China, Estados Unidos, Argentina, México, Sudáfrica, Australia, India y juegan un papel importante Europa (zona central y este, Francia, Reino Unido, etc.) y Norte África. Mientras tanto, en América del Sur, además de Argentina, están Brasil, Chile, Paraguay e incluso Bolivia, quienes van muy por delante del tradicional gigante en hidrocarburos, Venezuela. Puesto que por un lado la explotación de hidrocarburos no convencionales es un negocio potencialmente muy rentable y además con un carácter geopolítico central, y que por otro lado conlleva graves afecciones al medio ambiente y a la salud, no es de extrañar que estén surgiendo cada vez más conflictos socio-ecológicos en todos los puntos de extracción donde se aplican esta técnica de fracturación hidraúlica.

Estados Unidos, el conejillo de indias del fracking

Las primeras alertas llegan desde hace años de Estados Unidos donde, según datos de la Agencia de Energía estadounidense, la producción de gas no convencional ha pasado de suponer el 1,4% del suministro total de gas de EE UU en 1990 a 14,3% en 2009, pudiendo alcanzar un 24% para 2035. Esta experiencia previa permite tener más perspectiva a la hora de analizar lo ocurrido, puesto que los primeros pozos se iniciaron en los ochenta, con un boom en los años 2000, y en la actualidad hay 500.000 pozos perforados, y un ritmo previsto de más de 30.000 pozos nuevos al año.

Es evidente que ante tal despliegue, el movimiento antifracking ha hecho oír su voz: documentales como Gasland –realizado por el activista medioambientalista
estadounidense Josh Fox, o como Fracking Hell y plataformas ciudadanas organizadas como “No Fracking” dejan constancia del complejo político-comercial escondido detrás de la explotación de gas no convencional y sus consecuencias ambientales y de salud en Estados Unidos.

Bajo la administración Bush Junior y tras una labor incesante de lobby de las transnacionales de la energía, provocó la derogación de varias de las leyes de protección ambiental más importantes de EEUU, entre ellas la de la Ley del Agua Potable Segura, para que dicha ley no se aplicará al fracking. Esta disposición se ha llegado a llamar el “vacío legal” o la “enmienda Halliburton”, puesto que la multinacional Halliburton es una de las pioneras y una de las mayores proveedoras de servicios de fracturación hidráulica en EEUU, y cuyo anterior director ejecutivo no fue otro que Dick Cheney, entonces Vicepresidente de EEUU cuando se aprobó esta exención legal específica.

Los efectos nocivos sobre el medio ambiente y la salud: además de comprobar los riesgos medioambientales arriba mencionados, se han dado casos de cáncer, problemas respiratorios, daños cerebrales, desórdenes neurológicos, hipersensibilidad a químicos, debido principalmente a la contaminación del agua y del aire. La Universidad de Duke ha realizado un estudio que demuestra que los pozos de agua potable cercanos a los lugares de extracción tienen concentraciones muy elevadas de metano, “un asfixiante en espacios cerrados y un peligro de fuego y explosión”, mientras que en la localidad tejana de Dish rodeada de pozos, el 61% de las enfermedades registradas estaban asociadas a los contaminantes empleados por el fracking. En noviembre del 2010, un estudio de la Agencia de Protección Ambiental en Wyoming relacionó la contaminación de pozos de agua potable con el fracking.

Tras quince años de pruebas, luchas y lobby variopintos, los enfrentamientos entre movimientos anti fracking y transnacionales de la energía han dado lugar, a la suspensión temporal en Nueva Jersey, Nueva York y Pensilvania de la fractura hidráulica hasta conocer mejor los riesgos de contaminación del agua potable, mientras que 16 municipios han aprobado prohibiciones locales (pero sin tener capacidad regulatoria sobre la industria del gas y del petróleo), y Vermont se ha convertido en el primer estado federado en aprobar la prohibición, en mayo del 2012. Además, en septiembre del 2010, la Agencia de Protección Ambiental Federal (EPA) solicitó información sobre los productos químicos empleados por las empresas extractivistas: respondieron ocho y, para que Halliburton contestara, se necesitó una citación judicial (Fracking Hell, 2011).

Europa y el resto del mundo

A nivel de la Unión Europea, donde la Agencia Internacional de la Energía estima que las reservas europeas de gas no convencional son de 35 trillones de metros cúbicos, lo que equivale a cuarenta años de importaciones de gas según los parámetros actuales, su complejidad legislativa se hace de nuevo notar. Hasta el momento, se oponen las recomendaciones del Parlamento europeo que indicaba en julio del 2011 que “los riesgos y cargas medioambientales (del fracking) no son compensadas por su correspondiente beneficio potencial”, recomienda su regulación y que se hagan públicos los componentes que se emplean en los pozos de perforación.

El movimiento antifracking, mediante una coalición de 36 organizaciones no gubernamentales especializadas en los ámbitos del medio ambiente y la salud principalmente de Europa, pero también de EE. UU., Australia y Sudáfrica han pedido a la Unión Europea que “hasta que estos problemas no se aborden debidamente mediante una evaluación científica exhaustiva (…) no deberían proseguir las actividades relacionadas con la extracción de gas y de petróleo de esquistos, ni de metano procedente de vetas de carbón.” Instan a los Estados miembros a “suspender todas las actividades en curso, derogar los permisos y prohibir todos los proyectos nuevos de prospección y explotación”. En mayo del 2012 el Partido Verde europeo, muy activo en el Parlamento europeo, y las movilizaciones sociales con el eurodiputado y altermundialista José Bové, se ha pronunciado para toda Europa en contra la explotación de gas no convencional mediante la fractura hidráulica.